Una cobertura poco conocida pero valorada

El seguro de Defensa Jurídica ofrece asistencia legal, cobertura de gastos judiciales y asesoramiento jurídico en caso de conflictos legales. Sin embargo, el 61% de los españoles ni siquiera lo contempla como una opción, según el informe de ARAG. Esto contrasta con países como Alemania o Países Bajos, donde más del 50% de la población sí lo contrata, en parte por los altos costes asociados a los servicios legales en esos países.

Pese a su baja penetración, los asegurados españoles muestran una alta satisfacción con este tipo de pólizas. Entre quienes han experimentado un problema legal en los últimos 10 años, la tasa de adopción aumenta, especialmente en personas jóvenes (15%) y con hijos (16%).

Percepción positiva entre hombres jóvenes y personas con menor nivel educativo

El informe también detecta diferencias sociológicas en la valoración del seguro de Defensa Jurídica. Los hombres, los menores de 30 años y las personas con menor nivel de estudios presentan una mejor percepción del producto. En estos grupos, un 37% valora positivamente su utilidad y el respaldo que ofrece frente a conflictos legales.

Esto apunta a una oportunidad de crecimiento si se mejora la información y el acceso a este seguro en determinados segmentos de la población. El desconocimiento generalizado, junto a la percepción de que los problemas legales son poco frecuentes, contribuyen a su baja adopción en España.

Baja confianza en el sistema judicial en el sur de Europa

El estudio de ARAG va más allá de la penetración del seguro y analiza la confianza en el Estado de Derecho. España obtiene una de las puntuaciones más bajas entre los países analizados, con solo un 49% de los ciudadanos confiando en su sistema judicial, frente al 81% en Noruega o el 70% en los Países Bajos.

En cuanto a la percepción de igualdad ante la ley, solo el 34% de los españoles cree que todos los ciudadanos son tratados por igual por la justicia. Esta cifra desciende todavía más si se introduce la variable política: según datos del CIS, un 89,9% de los encuestados considera que la justicia no trata igual a políticos y ciudadanos de a pie.

Costes, tiempo y estrés: barreras para acudir a los tribunales

Los costes económicos y el estrés asociados a los procesos judiciales son los principales obstáculos que disuaden a los ciudadanos de hacer valer sus derechos. En todos los países estudiados, 2 de cada 10 personas han tenido un problema legal al menos una vez en la última década. En el caso de España, 3 de cada 10 han tenido que acudir a los tribunales.

Las personas con hijos son las que más tienden a evitar procedimientos judiciales, mientras que los ciudadanos entre 50 y 75 años son los más dispuestos a ejercer su derecho a recurrir a la justicia. En la mayoría de países, el abogado sigue siendo el primer punto de contacto ante un problema legal, excepto en los Países Bajos, donde el seguro de Defensa Jurídica es el canal preferente.

Un reto para el mercado asegurador y una oportunidad para la ciudadanía

La baja penetración del seguro de Defensa Jurídica en España no se debe a su falta de utilidad, sino a una desinformación generalizada sobre sus beneficios. Este tipo de cobertura no solo reduce el impacto económico de un conflicto legal, sino que democratiza el acceso a la justicia, especialmente en un entorno donde el coste y la lentitud del sistema desincentivan a muchos ciudadanos.

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