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Cámaras de Videovigilancia en las Zonas Comunes de tu Comunidad en Córdoba: Lo que Confirma el Tribunal Supremo (2026)

Instalar cámaras en el portal, el garaje o el jardín de tu comunidad exige el voto favorable de tres quintos de los propietarios y de las cuotas de participación (art. 17.3 LPH). El Tribunal Supremo confirmó en 2026 que son legales si solo graban zonas comunes, respetan la intimidad y cumplen la normativa de protección de datos, aunque un vecino se oponga.

Los robos en garajes, las pintadas en el portal y los actos vandálicos en zonas comunes son uno de los motivos más habituales para que una comunidad en Córdoba se plantee instalar cámaras. Pero no basta con que el presidente o el administrador lo decidan: hay una mayoría concreta que cumplir y unos límites de protección de datos que, si se ignoran, pueden acabar en una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) o en una demanda judicial, aunque finalmente —como ha confirmado el Tribunal Supremo este año— la instalación termine siendo válida.

Qué mayoría exige la ley para instalar cámaras en las zonas comunes

El artículo 17.3 de la Ley de Propiedad Horizontal regula expresamente la instalación de sistemas de videovigilancia en elementos comunes: portal, escaleras, ascensor, garaje, jardines o piscina. El acuerdo no lo puede tomar el presidente ni el administrador por su cuenta: tiene que aprobarse en junta de propietarios con el voto favorable de tres quintos del total de propietarios, que representen a su vez tres quintos de las cuotas de participación. Es la misma mayoría cualificada que se exige para otras mejoras no obligatorias de la comunidad.

Una vez alcanzada esa mayoría, el acuerdo vincula a toda la comunidad, incluidos los propietarios que votaron en contra: también ellos deben contribuir al gasto de instalación y mantenimiento, salvo que el coste de la instalación supere el importe de cuatro mensualidades ordinarias de gastos comunes, en cuyo caso el disidente puede quedar exonerado de ese gasto concreto.

Qué confirmó el Tribunal Supremo en 2026

El Tribunal Supremo desestimó este año la demanda de una propietaria que pedía retirar las cámaras de su comunidad por considerar que vulneraban su intimidad, después de que tanto el juzgado de primera instancia como la audiencia provincial ya le hubieran dado la razón a la comunidad. El tribunal recuerda que la videovigilancia limita el derecho a la intimidad de los vecinos, pero que esa limitación puede ser legítima si persigue un interés general —como prevenir actos vandálicos o proteger personas y bienes— y si supera un juicio de proporcionalidad: que la medida sea adecuada, necesaria y equilibrada frente a ese objetivo.

Para llegar a esa conclusión, el Supremo valoró tres elementos muy concretos que cualquier comunidad en Córdoba puede replicar: que el acceso a las grabaciones estuviera restringido al administrador o a un técnico autorizado, que hubiera carteles informativos visibles sobre la existencia de las cámaras, y que las grabaciones no se conservaran más de 30 días. Las cámaras, además, grababan únicamente zonas comunes, nunca el interior de ninguna vivienda.

Qué límites de protección de datos debe respetar la instalación

  • Solo zonas comunes. No se puede grabar el interior de ninguna vivienda ni enfocar hacia una ventana, un balcón o la puerta de un piso de forma que permita conocer los hábitos de quien vive dentro.
  • No más vía pública de la imprescindible. El enfoque debe limitarse a la protección del acceso al edificio; grabar la calle de forma indiscriminada excede lo que la normativa permite.
  • Cartelería informativa visible, indicando que la zona está videovigilada, antes de llegar a la zona grabada.
  • Acceso restringido a las imágenes: solo el administrador o un técnico autorizado, nunca cualquier vecino.
  • Conservación limitada de las grabaciones, por regla general no más de 30 días salvo que exista una incidencia en curso que justifique conservarlas más tiempo como prueba.

La AEPD ha sancionado tanto a comunidades como a particulares por instalar cámaras sin respetar estos límites de proporcionalidad o sin una base legal clara para el tratamiento de las imágenes, así que conviene que el administrador documente el acuerdo de junta y el cumplimiento de estos requisitos desde el primer día.

Qué puede hacer un propietario que no está de acuerdo

La oposición individual de un propietario no obliga por sí sola a retirar las cámaras: el derecho a la intimidad no es absoluto y se pondera frente a la seguridad del resto de vecinos. Lo que sí puede hacer un propietario que considere que el acuerdo se tomó sin la mayoría necesaria, o que la instalación no respeta los límites de protección de datos, es impugnarlo judicialmente dentro de los tres meses siguientes a su notificación. Para ello conviene pedir copia del acta de la junta donde se aprobó la instalación y comprobar que efectivamente se alcanzó el quorum de tres quintos.

Cómo cambiar de administrador en una comunidad de Córdoba

El cambio de administrador se aprueba en junta por mayoría simple de los asistentes, como un punto más del orden del día, sin necesidad de justificar el motivo. Te explicamos el proceso completo en cómo cambiar de administrador de fincas.

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Preguntas frecuentes

¿Qué mayoría necesita mi comunidad para instalar cámaras en el portal o el garaje?

El voto favorable de tres quintos del total de propietarios que representen a su vez tres quintos de las cuotas de participación (art. 17.3 LPH). No basta con la decisión del presidente o del administrador.

¿Puede un vecino exigir que se retiren las cámaras porque vulneran su intimidad?

No solo por su oposición. El Tribunal Supremo confirmó en 2026 que la videovigilancia de zonas comunes es legítima si está justificada (por ejemplo, para prevenir vandalismo) y es proporcionada, aunque un propietario no esté de acuerdo. Lo que sí puede impugnar es un acuerdo tomado sin la mayoría de tres quintos o sin respetar los límites de protección de datos.

¿Las cámaras pueden grabar la calle o el portal de otro edificio?

Solo en lo imprescindible para proteger el acceso al propio edificio. Grabar la vía pública de forma indiscriminada, o el interior de viviendas, excede lo que permite la normativa de protección de datos.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar las grabaciones?

Como criterio general, no más de 30 días, salvo que exista una incidencia concreta (un robo, un acto vandálico) que justifique conservar esas imágenes como prueba durante más tiempo.

¿Quién puede acceder a las grabaciones de la comunidad?

El acceso debe estar restringido al administrador de la finca o a un técnico autorizado. Un vecino cualquiera no puede tener acceso libre a las imágenes grabadas.

¿Qué plazo tiene un propietario para impugnar el acuerdo de instalar cámaras?

Tres meses desde que se le notifica el acuerdo adoptado en junta. Para impugnarlo conviene disponer de una copia del acta y comprobar si realmente se alcanzó el quorum de tres quintos.

¿Cuánto cuesta un administrador de fincas en Córdoba?

La tarifa pública de EnglobaT es de 3 € al mes por vivienda, 3 € por local comercial y 2 € por plaza de garaje, con una cuota mínima de 60 € por comunidad. Son precios sin IVA, al que se aplica el 21 % general.